SITUACIÓN
En febrero, el gobierno de Perú lanzó su programa de vacunación contra el COVID-19, en el que todos los extranjeros, independientemente de su estatus en el país, fueron incluidos en el programa de inmunización. Al finalizar el año, el 40,7% de los refugiados y migrantes venezolanos elegibles (mayores de 12 años) habían recibido dos dosis de la vacuna, según el Ministerio de Salud.
Durante el año se implementaron dos procesos para permitir el acceso a la regularización y documentación a los venezolanos. En junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MFA) autorizó la liberación de la residencia humanitaria a 530.000 venezolanos solicitantes de asilo a través de la RM N° 0207-2021-RE. Además, en julio se inició el procedimiento de regularización migratoria (TUPA) previsto por el Decreto nro. 010-2020-IN para la obtención de la Tarjeta de Permiso de Residencia Temporal (CPP). Más de 360.000 venezolanos se preinscribieron inicialmente para obtener el CPP. Al cierre del año, la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) anunció la entrega de aproximadamente 90.000 CPP, así como 23.000 residencias humanitarias.
La inestabilidad política continuó a lo largo del año, con una alta rotación en ministerios clave que impactaron el progreso en las iniciativas relacionadas con refugiados y migrantes. Si bien el PIB aumentó un 13% en 2021 a medida que la economía peruana se recuperó de los efectos de la pandemia, la moneda se depreció y los niveles de desempleo se mantuvieron altos. La inflación aumentó un 6,1 % y afectó el costo de vida de los refugiados, los migrantes y las comunidades de acogida.
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