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Otro destacado líder opositor venezolano vetado de la vida política

El régimen de Maduro sabe que está derrotado, dijo Machado en redes sociales

La Contraloría General de Venezuela anunció el viernes que la líder opositora María Corina Machado ha sido privada de sus derechos durante 15 años, lo que la hace inelegible para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.

Muchos analistas extranjeros han calificado esta medida como el último clavo en el ataúd de unas elecciones libres y democráticas en un país donde los más importantes líderes opositores al presidente Nicolás Maduro no pueden competir. Además de Machado, tampoco podrán postularse Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, y Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino por más de 50 países.

La prohibición de Machado se deriva de su período como diputada de 2011 a 2014. La medida se promulgó originalmente en 2015, aunque solo por un año. La prórroga se debió a que apoyó las sanciones de Estados Unidos contra Maduro, argumentó el Contralor.

Acérrima opositora al chavismo, Machado dijo en las redes sociales que la prohibición que se le impuso fue inútil y que «el régimen ya sabe que está derrotado».

«Ahora votaremos con más fuerza, con más desafío y con más ganas en las primarias», agregó.

La privación de derechos de Machado “es una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa”, dijo Capriles. “Rechazamos categóricamente este nuevo ejemplo del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen”, agregó.

Capriles también está inhabilitado para ejercer cargos públicos desde 2017 con una sentencia válida por 15 años. Sin embargo, fue elegido para representar a la coalición opositora Voluntad Popular en las primarias opositoras.

Guaidó fue acusado en 2019 por no explicar el origen de los fondos que usó para pagar los viajes al extranjero, así como por que sus ingresos no coincidían con sus gastos. También se le prohibió ocupar cargos públicos durante 15 años. Está autoexiliado en los Estados Unidos.
La decisión de la Contraloría General de Venezuela fue anunciada el mismo día que el expresidente Jair Bolsonaro fue declarado inhabilitado por ocho años por el TSE (Tribunal Superior Electoral).

José Brito, diputado a la Asamblea Nacional 2020, difundió este viernes un comunicado de la Contraloría General de la República ratificando la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, a partir de 2015.

El escrito, dirigido a Brito, agrega: “Le informo que ha proseguido la investigación patrimonial y se ha constatado que la ciudadana María Corina Machado se encuentra inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término de 15 años, de conformidad con lo dispuesto en la el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Tributario, y el numeral 2 del artículo 44 de la Ley Anticorrupción”.

Machado habría cometido acciones contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la república, según la Contraloría, que también insistió en que Machado participó en el esquema de corrupción «orquestado por el usurpador Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez» y está involucrado en el «criminal bloqueo» de Venezuela, «el desvergonzado saqueo de negocios y riquezas» y la «rendición de Citgo Holding, Inc. y Citgo Petroleum Corporation».

La Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que el gobierno de Maduro ha utilizado la privación de derechos para «mantenerse en el poder» mientras el país continúa con una profunda crisis humanitaria y económica.

“Tal decisión es arbitraria y contraria al estado de derecho. Viola derechos civiles y políticos elementales, incluidos los previstos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el derecho a elegir y ser elegido», dijo la Secretaría General de la OEA en un comunicado en el que también pidió la celebración de «justas, libre y transparente» el próximo año.

El gobierno de Estados Unidos también condenó la decisión del viernes de la contraloría venezolana porque “priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. “Los venezolanos merecen el derecho de seleccionar un candidato para participar en las elecciones presidenciales de 2024 sin interferencias”, subrayó Miller.