El autor es el responsable general de las sanciones, el cumplimiento y el riesgo. ACAMS
La crisis de Covid-19 ha visto una demanda sin precedentes de apoyo humanitario y médico en todo el mundo, con una necesidad particularmente urgente en jurisdicciones frágiles y conflictivas que actualmente están sujetas a sanciones. La exclusión socioeconómica, la infraestructura deficiente y el gran número de personas desplazadas que viven en campamentos superpoblados aumentan la complejidad de la prestación de los servicios tan necesarios. En lugares como Siria, Yemen, Venezuela y Myanmar, esta es una de las consecuencias no deseadas de cumplir con las sanciones.
Con un nuevo presidente en la Casa Blanca, Estados Unidos tiene una oportunidad única de revisar la política de sanciones y aliviar algunos de los desafíos que se avecinan. Esta es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar.
Las sanciones no están diseñadas para detener la exportación de medicamentos, alimentos u otros servicios críticos. Incluso cuando los marcos de sanciones son amplios, existe una gran cantidad de excepciones para permitir el movimiento de bienes y servicios humanitarios.
Sin embargo, persiste un problema porque el marco para implementar las excepciones de sanciones y la concesión de licencias es tan técnico que incluso los expertos luchan por descifrarlos. A menudo, lo que está y no está permitido sin requerir autorización previa varía según los países que imponen las sanciones y los diferentes regímenes en los que se aplican. Los bancos, exportadores y actores humanitarios a menudo necesitan consultar múltiples conjuntos de leyes. La determinación de lo que constituye «humanitario» también se puede interpretar.
Actualmente nos enfrentamos a múltiples emergencias humanitarias en entornos sancionados que van desde Venezuela hasta Irán y Corea del Norte. Es poco probable que el levantamiento de las sanciones en estas jurisdicciones ocurra pronto; los derechos humanos de las poblaciones locales podrían verse aún más amenazados y tendrían un impacto negativo en la seguridad mundial. Como tal, el debate debe centrarse en abordar los obstáculos que impiden el uso efectivo de las exenciones humanitarias.
En primer lugar, todas las agencias deben adoptar una posición más definida y coherente sobre lo que está permitido: las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la UE, el Reino Unido y otros. La licencia debe respaldar el movimiento rápido de equipo médico y humanitario. Actualmente, el sistema es demasiado complicado.
En segundo lugar, debería haber mucha más claridad sobre las actividades permitidas para que los actores humanitarios, las ONG y otros puedan implementar la gama completa de servicios de apoyo requeridos. Esto incluye abordar el espinoso tema de la participación permisible con actores designados dentro de una jurisdicción sancionada o el acceso a recursos de infraestructura clave, incluidas las redes telefónicas y la compra de combustible.
Los gobiernos que imponen sanciones también deben examinar las áreas en las que puede tener lugar la cooperación. La acción práctica podría incluir la preparación de una lista simplificada de medicamentos esenciales, productos farmacéuticos y equipos médicos y humanitarios que se pueden implementar rápidamente en entornos sancionados.
Por último, es imprescindible garantizar la disponibilidad de canales de pago viables. Los gobiernos no pueden esperar imponer sanciones a grandes sectores de los sistemas financieros de un país sin que esto tenga consecuencias importantes para las transacciones legítimas. Para contextos como Irán, Siria y Corea del Norte, puede haber un mayor uso de vehículos de propósito especial dedicados a respaldar transacciones humanitarias.
Las revisiones de políticas proporcionadas con cualquier nueva administración en la Casa Blanca ofrecen una oportunidad para promover los cambios necesarios. Abordar las consecuencias humanitarias de las sanciones respalda objetivos de seguridad más amplios, incluidos los que actualmente están sobre la mesa con Irán. Independientemente de dónde se siente en el debate sobre la eficacia de las sanciones, está claro que la pandemia ha dificultado aún más la entrega de ayuda humanitaria. Ahora más que nunca es el momento de actuar.
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