El fallo que emita la Corte Suprema de Venezuela sobre las disputadas elecciones presidenciales será «definitivo», dijo el sábado la presidenta del organismo, Carylsia Rodríguez, durante una audiencia sobre la votación del 28 de julio.
El tribunal está “continuando la evaluación que comenzó el 5 de agosto de 2024, para llegar a su fallo final… Sus decisiones son definitivas y vinculantes”, dijo Rodríguez.
La mayoría de los observadores creen que el Tribunal Supremo es leal al gobierno de Nicolás Maduro, que reclamó una estrecha victoria en las elecciones.
Los líderes de la oposición dicen que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por abrumadora mayoría y han presentado como prueba lo que afirman son recuentos oficiales de los colegios electorales.
El propio Maduro convocó al tribunal superior el 1 de agosto para «validar» una victoria que, según sus opositores, fue fraudulenta.
Esta semana el tribunal escuchó a todos los candidatos, incluido Maduro, excepto a González Urrutia, quien dijo que temía ser arrestado.
No ha hecho ninguna aparición pública durante más de una semana, mientras que la líder clave de la oposición, María Corina Machado, excandidata presidencial a quien esta vez se le prohibió postularse, ha dicho que vive escondida.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la victoria de Maduro el 2 de agosto, diciendo que había obtenido el 52 por ciento de los votos, pero se negó a publicar los recuentos exactos de los sitios de votación, diciendo que los datos habían sido pirateados.
La oposición, por el contrario, publicó recuentos impresos, cuya legitimidad Maduro negó, que según dicen muestran que González Urrutia recibió el 67 por ciento de los votos.
La oposición y muchos observadores sostienen que el supuesto hackeo de los resultados es un invento del gobierno para evitar tener que publicar documentos electorales.
Maduro rechazó el viernes estas acusaciones y dijo que se había producido un hackeo «brutal», con «30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE y de Venezuela».
El abogado opositor Perkins Rocha dijo que al dirigirse al Tribunal Superior Maduro efectivamente estaba reconociendo que «nadie le cree» al CNE, y agregó que «Maduro sabe que puede contar con un (tribunal) que se arrodilla ante él».
Según grupos de derechos humanos, las protestas postelectorales han dejado 24 muertos y Maduro dice que 2.200 personas han sido arrestadas.
Supervisó un colapso nacional, incluida una caída del 80 por ciento en el PIB del otrora rico en petróleo, en un contexto de mala gestión económica interna y sanciones internacionales.
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