Mérida, 17 de abril de 2021 (venezuelanalysis.com) – La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó un proyecto de ley para crear un Parlamento Nacional Municipal (PNC).
La legislación aprobada el martes tiene como objetivo establecer un cuerpo compuesto por comuneros elegidos directamente a través de las organizaciones de base locales del país. El número de parlamentarios municipales y las reglas electorales serán determinados por las autoridades electorales del país.
“El parlamento nacional municipal es un ejemplo de participación dirigente, democrática y decisoria en el ejercicio directo de la soberanía popular”, reza el texto aún inédito visto desde el análisis venezolano.
Las competencias previstas para la nueva asamblea incluyen la «deliberación» sobre temas relacionados con las estructuras municipales, la competencia del Ministerio de Municipalidades y la propuesta de leyes sobre el poder popular a la Asamblea Nacional. El PNC, a su vez, responderá a los comités elegidos por las autoridades locales.
Luis Marcano, presidente de la comisión de desarrollo del municipio de AN, dijo durante la sesión legislativa que el PNC «es una herramienta para combatir la corrupción y la burocracia, fortaleciendo los mecanismos de las comunidades para resolver sus problemas».
El texto recibió 257 votos en la legislatura de 277 miembros, y el bloque minoritario opositor argumentó que la ley viola la Constitución venezolana. Su aprobación sigue la Ley de Ciudades Municipales que tiene como objetivo regular el funcionamiento y competencias de los órganos superiores de la organización popular.
Los dos proyectos de ley, que habían sido identificados como prioritarios por el presidente Nicolás Maduro durante la campaña electoral de AN a fines de 2020, ahora estarán abiertos a debate para incorporar sugerencias de movimientos de base.
El expresidente Hugo Chávez concibió la comuna como la «célula fundamental» para la transición al socialismo en Venezuela. De acuerdo con la Ley Municipal de 2009, estas instancias integran ayuntamientos, movimientos sociales y otras organizaciones locales y pueden, a su vez, agregarse para formar ciudades municipales, federaciones y confederaciones. Todas las instancias eligen portavoces y cuentan con una asamblea como máximo órgano de decisión.
Chávez también criticó a ministros y figuras de alto rango por no enfocarse lo suficiente en el proyecto común, ¡con la «comuna o nada!» pregunta en su discurso político final, convirtiéndose en un eslogan de las organizaciones de poder popular.
Después de un gran progreso en sus primeros años, los municipios y los movimientos sociales se vieron profundamente afectados por la crisis económica que duró años, con el empeoramiento de las condiciones de vida, la migración y la reducción de la financiación estatal entre los factores que llevaron a una menor participación política.
Sin embargo, el activista de base y diputado de AN, Oliver Rivas, dijo al análisis venezolano que las nuevas iniciativas legislativas pueden abrir espacios para que los movimientos populares hagan sus aportes y discutan cómo debería estructurarse el estado.
“En la parroquia de El Recreo (Caracas) tuvimos varias reuniones con el ayuntamiento y con los voceros del municipio, discutiendo no solo el contenido de la ley sino su lógica subyacente”, agregó al invitar a todos los movimientos populares a hacer el mismo.
Reinaldo Iturriza, quien se desempeñó como ministro de los municipios en 2013-2014, coincidió en que cualquier esfuerzo centrado en las organizaciones de poder popular es positivo, ya que son «el corazón palpitante de la revolución bolivariana». Sin embargo, advirtió que los esfuerzos legislativos deben ser parte de un «enfoque integral» a la luz de lo que describió como una tendencia de arriba hacia abajo para marginar a los ayuntamientos.
«Ha habido una tendencia por parte de las estructuras del Estado y del partido a tratar a los ayuntamientos con sospecha, en contraposición a un vehículo para democratizar la sociedad venezolana», dijo a Venezuelanalysis.
Preguntado sobre los temores de que la legislación pueda subordinar a las organizaciones de base a la Asamblea Nacional, Rivas explicó que las leyes pueden hacer del cuerpo legislativo una expresión de la voluntad del pueblo, pero que requiere lucha.
«Estas leyes encarnan una idea de lo que es un ejercicio democrático popular y revolucionario, pero no por decreto», concluyó.
Por su parte, Iturriza acogió con agrado la discusión pública sobre los dos proyectos de ley, pero argumentó que debe haber «el mismo énfasis» en generar el debate sobre la política económica del gobierno.
«La economía es la máxima prioridad para todos en este momento», dijo. «Las reformas a la ley de hidrocarburos, la ley de tierras, entre otras, están actualmente sobre la mesa y se debe llamar al pueblo venezolano para discutirlas».
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