El fracaso económico, político y social de 15 años de dictadura

Quince años de régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega se pueden resumir en una frase: un fracaso económico, social, político y moral. Para probar esto, me basaré principalmente en datos oficiales.

El punto de partida del análisis debe ser una valoración de las condiciones en que Ortega recibió al gobierno en 2007. Como dijo una vez el ingeniero Enrique Bolaños: la mesa está servida.

Pensemos de nuevo: tasas de crecimiento económico superiores al 4% anual; crecientes exportaciones e inversiones; flujos sostenidos de cooperación para el desarrollo bilateral y multilateral. Incluyendo la participación en la Cooperación del Desafío del Milenio de EE. UU. y los programas de apoyo presupuestario de la UE, cuentas presupuestarias equilibradas, control de la inflación y estabilidad del tipo de cambio. El inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos, CAFTA; y reducción sustancial de la deuda externa y su servicio.

Había paz política y social interna a nivel interno y convivencia internacional armónica. El Instituto de Seguridad Nacional de Nicaragua (INSS) tenía un superávit operativo y sólidas reservas. La policía y el ejército estaban en desarrollo profesional e institucional. Hubo un marco de libertad y derechos, espacios de participación de la sociedad civil y medios de comunicación descentralizados y pluralistas.

Además de estas condiciones, Ortega se vio bañado en los ingentes recursos de la cooperación venezolana. En definitiva, una plataforma favorable para cristalizar el gobierno más exitoso de la historia nacional.

Hambre en el país del hambre cero

La bandera principal de la dictadura, sobre todo al principio, fue: ¡Viva los pobres del mundo! Los anuncios sobre la pobreza se adornaban con programas rimbombantes como «Hambre cero». Entonces, empecemos por aquí: el informe regional 2021 de la FAO revela que uno de cada cinco nicaragüenses padece hambre (19,3%). Es más: la proporción ha crecido en los últimos años.

Por otro lado, estimaciones de la CEPAL muestran que, en 2020, la tasa de pobreza superó el 50% de la población nicaragüense. Por su parte, FIDEG estima el porcentaje de pobreza en 2019 en 45%, con una tendencia creciente desde 2015. Según esta base, la pobreza superaría el 50% si no fuera por las remesas. Por cierto, la dictadura ha cerrado este centro de investigación para evitar que publique los datos de 2020.

Respecto a la migración: A noviembre de 2021, 72,000 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera tratando de ingresar irregularmente a Estados Unidos. Y 47.000 habían solicitado asilo en Costa Rica, es decir, al menos 150.000 compatriotas huyeron el año pasado del paraíso orteguista.

Sigamos con la economía familiar

No es necesario ser economista para saber que el empleo estable y unos ingresos dignos son dos factores clave para mejorar el bienestar de la población. Y que una de las consecuencias beneficiosas del crecimiento económico es la creación de puestos de trabajo y la subida de salarios. Entonces, mirando los informes anuales del Banco Central, encontramos que a julio de 2007, el desempleo era de 5,9% y el subempleo de 47%. Quince años después, el INIDE (Instituto Nacional de Información para el Desarrollo) informó que a septiembre de 2021 el desempleo abierto ascendía al 4,7% y el subempleo, a mediados de este mismo año, representaba el 45% de la población activa. ¿Qué es un subempleado? Es un trabajador sin trabajo fijo, cuyos ingresos no llegan ni al salario mínimo. En resumen, según el INIDE, el 62% de la fuerza laboral se encuentra actualmente desempleada, subempleada o en la categoría de “trabajador no remunerado”.

Después de 15 años, la “vibrante economía” de Ortega ha logrado reducir el desempleo en un mísero 1% y el subempleo en un 2%. Si consideramos los cientos de miles de migrantes que han salido del país en este período en busca de mejores horizontes, es obvio que estos porcentajes serían negativos.

Ahora pasemos a los salarios. El Banco Central registra que, en comparación con 2006, en promedio, ¡los salarios reales de los trabajadores de la economía formal aumentaron un 1%! Esto es un promedio, porque en el sector agropecuario, comercio y servicios sociales, entre otros, han disminuido.

No es difícil imaginar las aflicciones del 80% de la población que trabaja en la economía informal. De hecho, en 2021, el costo de vida alcanzó el nivel más alto de los últimos 10 años. Entonces vaya y pida a los economistas de la dictadura que le expliquen cómo una economía que ha crecido, según ellos, a un ritmo superior al 5% no es capaz de generar empleo estable, ni de mejorar los salarios reales de los trabajadores.

Deuda externa

Por ahora poco se habla de la deuda externa, pero es un tema que tiene implicaciones estratégicas de mediano y largo plazo. Ortega ha recibido una deuda de 3.400 millones de dólares, en cifras redondas. Ahora la deuda se ha cuadriplicado: el año termina con una deuda de unos 14.000 millones de dólares. Junto con la deuda, los pagos también crecen año tras año.

INSS: un retrato de cuerpo entero

Sin duda, uno de los retratos más esclarecedores del fracaso económico y social de la dictadura es el avance del sistema de seguridad social. Ortega recibió al INSS con un superávit de córdobas de CAD 1.700 millones. Diez años después, el superávit se había convertido en un déficit de 2.400 millones de dólares canadienses. Este resultado es lógico si tenemos en cuenta que en 2007 la nómina contaba con 1.208 empleados, y con diez años de retraso había ascendido a 4.060 empleados. Mientras tanto, el fraude con los fondos de los pensionados ha vaciado las reservas de la institución. Edificios vacíos en diferentes partes de Managua siguen siendo una evidencia desgarradora del saqueo.

Pero hay una cuestión más de fondo: la crisis de las pensiones es el indicador más claro del fracaso del modelo económico, de concentración y exclusión, impuesto por la dictadura: tasas de crecimiento económico cercanas al 5%, en promedio, no han podido generar suficientes empleos formales y mejores ingresos para los trabajadores, que es la base de cualquier sistema de seguridad social. Según datos del Banco Central, a partir de septiembre de 2017 el número de trabajadores afiliados al INSS comenzó a disminuir mes tras mes. La crisis de abril de 2018 no fue la causante de las cargas financieras de la institución.

Ortega no ha tenido piedad en descargar los costos de la corrupción y el despilfarro sobre los hombros de los más vulnerables: ha despojado a 300.000 jubilados de los casi 800 millones en Córdoba mediante una siniestra maniobra modificando la tasa fija de devaluación de Córdoba. Impuso dos reformas que aumentaron las cotizaciones de los patrones y trabajadores. También impuso un castigo invisible, pero devastador e implacable: cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones de los contribuyentes activos, que solo sufrirán cuando alcancen la edad de jubilación.

Un estado mafioso

Informes de Transparencia Internacional ubica al régimen de Ortega, año tras año, como el más corrupto de Centroamérica -esto ya es mucho decir- y el tercero peor de América Latina: solo por detrás de Haití y Venezuela. En cuanto al blanqueo de capitales, el Instituto de Basilea sitúa al régimen entre los más desacreditados del mundo y GAFILAT lo ha colocado en su «lista gris», algo así como la lista de los principales sospechosos.

Y no es de extrañar Ortega ha convertido la corrupción en política de Estado. Los actos de corrupción más flagrantes tienen rango de ley: la concesión del canal, la hidroeléctrica de Tumarín, los escáneres aduaneros, por mencionar algunos. Por supuesto, la más desvergonzada y consecuente fue la asignación de fondos de la cooperación venezolana (más de 5.000 millones de dólares según informes del Banco Central). Ni hablar de la apropiación familiar de la empresa de combustibles DNP, «ALBA Generación», del depósito de combustibles de Puerto Sandino y la turbia toma de DISNORTE y DISSUR.

Fracaso político

La evidencia más reciente y clara fue el repudio de la abrumadora mayoría de la población en la farsa electoral de noviembre de 2021. Varias encuestas postelectorales coinciden en que más del 80% de la población rechaza el régimen. En estas condiciones, no es de extrañar que la dictadura reaccione con violaciones masivas a los derechos humanos: encarcelamientos, exilios, ejecuciones extrajudiciales, represión de las libertades.

En el plano político, quizás los hechos más graves sean la transformación del ejército en guardia personal y las semillas de odio que han sembrado en la población.

¿Y los éxitos económicos?

Seguramente deberían mencionarse. Las estadísticas macroeconómicas como el PIB, las reservas de divisas y las exportaciones muestran registros positivos. El número de multimillonarios también ha crecido.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times