Colombia – Aplazada audiencia contra policías implicados en la muerte de Ordóñez por negarse a testificar

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía General de la Nación de Colombia tuvo que posponer la audiencia disciplinaria preliminar este jueves contra los dos ex policías Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, acusados ​​de un delito de estafa en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, luego de que ambos se negaron a brindar su versión de los hechos, alegando que no podían tener acceso al expediente disciplinario ya abogados «de confianza».

La muerte de Ordóñez desató una ola de protestas en varios puntos del país en los días siguientes, especialmente en Bogotá, donde la labor de la policía volvió a ser cuestionada tras la represión ejercida durante las protestas, en las que murieron y provocaron una docena de personas más de 300 heridas.

El primer enfrentamiento ante la Justicia -la sesión se reanudará el 5 de octubre- contó con la presencia de los dos detenidos por videoconferencia, habiendo estado más de una semana en un penal del municipio de Facatativá, cerca de Bogotá, también en el departamento de Cudinamarca.

Los dos involucrados expresaron su disposición a no ser representados por sus respectivos abogados y solicitaron postergar la sesión, pedido inicialmente denegado por el Fiscal General, quien manifestó que «no debe permitir maniobras dilatadas», publican. Medios colombianos.

En su presentación, la delegada de la Policía Judicial, Aura Fajardo, recordó que Rodríguez y Lloreda «se acercaron» a Ordóñez, quien «fue golpeado y pateado por la policía», presentando una serie de documentos y pruebas que presuntamente Acusó directamente a ambos, especialmente las imágenes de las cámaras de vigilancia de la comisaría donde fue trasladado Ordóñez y donde siguió sufriendo agresiones.

Fajardo continuó con la reconstrucción de los hechos ocurridos esa noche del 9 de septiembre para concluir señalando que la actuación de Lloreda durante la intervención policial fue «un hecho reprobable» sin justificación alguna, por lo que se le imputa el delito de inconsciencia y asesinato. «bajo el título provisional de estafa», ya que habría actuado deliberadamente.

En cuanto a Rodríguez, cuya suerte fue la misma que la de su pareja, Gajardo declaró que «superó los límites autorizados» y su «acción no fue estrictamente necesaria ni legítima, ya que esta persona ya estaba controlada», lo que no hizo. impidió que la víctima ejerciera «ataques físicos sobre su humanidad», como muestran los videos.

Por su parte, Lloreda y Rodríguez se negaron a presentar su versión de los hechos, ya que el primero no contaba con un abogado de confianza, mientras que el segundo alegó que el suyo no estaba presente después de haber tenido que abandonar la sesión. Por este motivo, el Fiscal General ha decidido reanudar la audiencia el 5 de octubre.

La muerte de Ordóñez desató una ola de indignación, no solo en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que solicitó al gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de la fuerza policial, hasta ahora militarizada y por lo tanto, dependiente del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del control civil.