CARACAS-
El gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves la participación del empresario Alex Saab como miembro de su equipo en la mesa de diálogo que sostiene con la oposición, tras su liberación por parte de Estados Unidos como parte del intercambio con 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y la extradición de un prófugo.
Saab, considerado por las autoridades estadounidenses el operador financiero de Maduro, había llegado a Venezuela la víspera en un avión privado y fue recibido en el Palacio de Miraflores como un héroe que llevaba «1.280 días secuestrado», como lo consideraba Maduro. quien fue detenido ilegalmente acusado de lavado de dinero y suplantación de identidad.
El empresario, de nacionalidad colombiana y venezolana, fue detenido en 2020 en Cabo Verde mientras paraba a cargar combustible con destino a Irán para negociar acuerdos petroleros para el gobierno de Maduro. En octubre de 2021 fue extraditado a Estados Unidos y en respuesta Maduro, que lo considera un diplomático venezolano, suspendió las conversaciones con la oposición.
Saab compareció nuevamente este jueves en Caracas en una conferencia de prensa encabezada por Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, y en su primera declaración como miembro del equipo negociador dijo que “la reconciliación es inevitable”.
Además, agradeció al gobierno estadounidense de Joe Biden por “seguir el camino del respeto mutuo, la paz y el entendimiento” y reconoció que “se necesita mucho coraje, carácter y visión para alejarse de políticas fallidas, por eso, mi respeto presidente Biden”. «.
El intercambio enfureció a los opositores venezolanos que criticaron a la Casa Blanca por parecer pasiva mientras Maduro maniobraba repetidamente en Washington después de que fracasara la campaña de presión de la administración Trump para derrocarlo. También generó temores de que Estados Unidos estuviera fomentando la toma de rehenes en el extranjero.
Según Rodríguez, quien se comprometió a defender la inocencia de Saab, en Estados Unidos «no pueden probar ninguno de los cargos». Sin embargo, aseguró que Venezuela ha mostrado “los crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses intercambiados con Alex Saab, dos de ellos terroristas”.
Saab, por su parte, denunció que había sido «torturado», sin presentar pruebas. Según Rodríguez, le “arrancaron” tres dientes y le colocaron una toalla en la boca durante horas para “provocarle un envenenamiento mecánico”.
Rodríguez lanzó una advertencia y dijo “no nos quedaremos así”, en referencia a las supuestas torturas de Saab, que calificó de “crímenes de lesa humanidad”.
El mayor intercambio de rehenes desde Venezuela se produjo luego de que Estados Unidos acordara levantar algunas sanciones económicas contra ese país como parte de un acuerdo en el que se unió al país sudamericano para lograr elecciones transparentes. el próximo año.
El 17 de octubre, el gobierno venezolano y la oposición acordaron en Barbados establecer ciertas garantías con el objetivo de un proceso electoral libre, justo y verificable en 2024.
Venezuela ha prometido aceptar la presencia de observadores de la Unión Europea y presentar un plan y un calendario para eliminar las restricciones que impiden a algunos líderes de la oposición participar en las elecciones.
Preguntado por los periodistas sobre si se había avanzado en acordar una fecha para las elecciones tras el intercambio, Rodríguez respondió que «si quieren elecciones verdaderamente justas» serán «sin sanciones».
María Corina Machado, principal oponente de Maduro tras ganar las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que la oposición buscó definir un candidato capaz de derrotarlo, reaccionó el jueves al intercambio con Saab.
El dirigente político aseguró que quienes están en el poder están utilizando recursos «poco confiables» para transformar a «un criminal que explota el hambre de nuestro pueblo en su moneda de cambio favorita» en las negociaciones entre el chavismo y la oposición.
El exlegislador es uno de los personajes políticos inhabilitados por la Contraloría General durante 15 años para ejercer cargos públicos debido a una supuesta trama de corrupción en la que no presentó pruebas y no hubo proceso penal. Por ello, Machado interpuso un “amparo cautelar” ante la Corte Suprema de Justicia.
El órgano judicial ordenó a la oficina de control entregar copias certificadas «de los actos administrativos» en los que se impuso la inhabilitación política.
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