Sorprendentemente, no hay señales de ninguna ayuda europea, en un país que otorga a sus ciudadanos la nacionalidad holandesa y pasaportes de la UE.
También hay iniciativas individuales. Mallory Medina, una venezolana que vive en Aruba desde hace 25 años, opera desde una tienda en un centro comercial desierto: la economía, que depende casi exclusivamente del turismo, todavía está sacudida por la pandemia de coronavirus. Mallory vende ropa donada a familias venezolanas necesitadas a un costo de $1 por artículo y luego usa el dinero para distribuir comidas a los hambrientos.
Mallory está especialmente orgullosa de su trabajo anterior a la COVID. Cuenta cómo, con la ayuda de las autoridades de Aruba y ACNUR, organizó unos vuelos humanitarios para la repatriación voluntaria de refugiados venezolanos que, ante las enormes dificultades de instalarse en la isla, habían decidido regresar a casa. El proyecto se ha visto bloqueado por la pandemia y el cierre de la frontera venezolana.
La determinación de regresar a casa, urgente o no, es compartida por la mayoría de los migrantes venezolanos en Aruba, dice Blanchard. Algunos, como él, logran ganar un buen dinero, que envían a sus familias, pero las condiciones precarias, el miedo constante y la virtual imposibilidad de obtener permisos de trabajo y residencia son frenos decisivos para cualquier proyecto de vida en la isla.
El sueño de la isla feliz puede convertirse en una pesadilla. Hay todo tipo de barreras, incluido el idioma: papiamento es el idioma criollo local, el inglés el idioma de trabajo y el holandés el idioma administrativo oficial, aunque también se habla mucho el español. La prioridad de la administración parece ser disuadir a los venezolanos de su sueño de emigrar a este supuesto paraíso poniéndoles un muro burocrático infranqueable.
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