Transparencia Internacional condena el intento de…

La Asamblea Nacional venezolana examina ahora la «Ley de Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines». EL el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura el 24 de enero, y si se aprueba en segunda lectura tendría un impacto devastador en el ya severamente limitado espacio cívico en el país.

La sociedad civil brinda a los ciudadanos y a la comunidad internacional información confiable sobre el gobierno para que rinda cuentas por sus acciones, lo cual es especialmente importante en Venezuela luego de estrictas Restricciones a la información y expresión., captura mediática y persecución política de la oposición. Las organizaciones de la sociedad civil también son clave para hacer que se escuche la voz del público, incluso de las comunidades marginadas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Si bien el texto completo no se ha compartido públicamente, informes no oficiales han afirmado que el proyecto de ley propuesto sometería a las organizaciones de la sociedad civil a más restricciones que las que ya existen. Supuestamente prohíbe el «compromiso de la soberanía nacional» o «actividades políticas que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república», que podrían ser utilizadas contra organizaciones que colaboran y comparten información con organismos internacionales o generan información sobre violaciones de derechos humanos. Un lenguaje deliberadamente vago permitiría una discreción considerable en la implementación de estas disposiciones. Para su aplicación, el proyecto de ley llegaría a permitir la vigilancia permanente de las organizaciones e implicaría sanciones severas, desde grandes multas hasta la disolución.

Esta ley propuesta llega en un momento en que la sociedad civil es más importante que nunca, ya que la crisis humanitaria de Venezuela no mejora, en parte debido a los altos niveles de corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International publicado el martes 31 de enero, Venezuela obtuvo solo 14 puntos de 100 y fue el país con peor puntaje en todas las Américas.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, dijo:

“La sociedad civil es un componente esencial de una sociedad saludable y libre de corrupción que permite el acceso equitativo a los derechos fundamentales, desde la atención médica hasta la educación. Este proyecto de ley es un intento flagrante de controlar, limitar e incluso criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil mientras el país se enfrenta a una crisis humanitaria en curso. Su aprobación suprimiría las libertades esenciales de expresión y asociación y pondría aún más en peligro los derechos humanos en un país con una de las tasas de corrupción más altas del mundo».

Transparency International hace un llamado urgente a la Asamblea Nacional venezolana para que rechace este proyecto de ley. Su aprobación violaría tanto la constitución venezolana como los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el estado venezolano, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Los líderes venezolanos deben defender el espacio cívico y los derechos humanos.